El PP pide revisar más de 8.000 inscripciones del censo exterior en Almería

La candidata número uno del PP al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, ha pedido que se aclare el origen de más de 8.000 inscripciones adicionales en el censo de residentes ausentes (CERA) de la provincia de Almería. Según ha explicado, en siete municipios almerienses el aumento de ese censo supera al crecimiento de la población residente.

Crespo reclama saber cuántas de esas inscripciones corresponden a personas que cumplen los requisitos legales y qué criterios se han usado para asignar a los nuevos electores a cada localidad. La dirigente popular ha defendido que el voto debe corresponder a quienes tienen reconocido ese derecho y ha pedido transparencia y garantías en la aplicación de la conocida como Ley de Nietos. «No puede haber incertidumbre sobre un asunto tan importante como el censo electoral. Queremos saber qué ha ocurrido, que se comprueben las inscripciones y que se garantice que cada ciudadano pueda votar si le corresponde hacerlo», ha afirmado Crespo, que ha insistido en que su partido no cuestiona el derecho al voto de quienes cumplen los requisitos.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha explicado que el Ayuntamiento ha pedido información al Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la Junta Electoral para saber cuántas inscripciones vinculadas a esa normativa se han asignado al municipio y con qué documentación se ha acreditado la vinculación territorial de los solicitantes. Ibáñez ha señalado que El Ejido ha pasado de 793 electores residentes en el extranjero en septiembre de 2023 a 1.077 en septiembre de 2026, un aumento del 35,8%. La alcaldesa ha apuntado además que El Ejido se constituyó como municipio independiente en 1982 y ha planteado dudas sobre cómo se comprueba el arraigo de descendientes de quienes abandonaron España entre 1936 y 1955. El candidato al Congreso Rafael Hernando ha cuestionado el procedimiento seguido para tramitar las solicitudes de nacionalidad e inscripción electoral y ha aludido a un procedimiento judicial abierto y a actuaciones de revisión. Hernando ha calificado el proceso de «proceso de ingeniería social» y ha pedido que se depuren responsabilidades si se acreditara algún incumplimiento.