The University of Almería has joined the State Pact against the Climate Emergency, a national agreement that seeks to coordinate the response to droughts, floods and fires on a scientific basis. The institution will contribute its research in agriculture, water and biodiversity.
La Universidad de
Almería (UAL) ha comunicado su adhesión al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, una estrategia nacional que busca una respuesta coordinada ante los riesgos del calentamiento global. La institución académica participará aportando su capacidad investigadora en sectores clave para la provincia.
Qué supone la adhesión
El pacto se organiza en 15 ejes estratégicos. La UAL tendrá un papel relevante en el desarrollo de evaluaciones de riesgos e impactos a escala regional y local en ámbitos como la agricultura, el agua, la biodiversidad y el urbanismo. También contribuirá en materia de innovación agraria, cultivos adaptados y gestión eficiente del agua, y participará en los mecanismos de gobernanza que incluyen convenciones anuales con presencia de la comunidad científica y universitaria.
Los datos que justifican el acuerdo
Según los datos recogidos en el documento de propuesta del pacto, en apenas cinco años las lluvias torrenciales y las DANAs han aumentado un 15%, las sequías y olas de calor se han intensificado y la superficie arrasada por incendios ha crecido un 80%. Entre 1961 y 2024, las temperaturas en España han subido 1,69 °C, y el verano se ha alargado 55 días. La cuenca mediterránea se calienta un 20% más rápido que la media global.
El impacto económico también es notable. La agricultura pierde cada año alrededor del 6% del valor de su producción por fenómenos climáticos extremos. Según la European Economic Review, los eventos extremos provocaron pérdidas en España de 12.000 millones de euros solo en 2025, cifra que podría ascender a 34.000 millones en 2029. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima en unos 119.000 millones de euros las pérdidas desde 1980 hasta 2024.
Qué aporta la universidad
La UAL pone a disposición de las administraciones públicas su talento investigador, sus tecnologías y su capacidad formativa, según indica la propia institución. El objetivo, señala, es mitigar los efectos del cambio climático en el sureste peninsular y garantizar un modelo de desarrollo sostenible.